21 mar 2009

GAMBOA (Corema) y GALLEGUILLOS (DGA) dan el vamos al Proyecto Hipógeno


Región de Coquimbo

De esta formas estos dos personeros de gobierno (Marcelo Gamboa y Carlos Galleguillos), junto a la totalidad de la Corema se suman a la triste lista que encabeza el ex-Intendente Renan Fuentealba (Modificación del Plano Regulador de Andacollo en un mes para beneficio de Minera Carmen), de aprobar proyectos o modificar lo que fuese necesario o no considerar válido ningun antecedente que "enturbie" el beneficio EMPRESARIAL POR SOBRE DEL BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL Y LA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA A LARGO PLAZO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS.

Si bien se admiten nebulosas en el proceso, solo se mencionan en base de postergar astutamente y por muchos años posibles, estudios para refrendar estas posturas contrarias.

Si bien de deduce que en su situación sus deciciones obedecen a un escalafon mas alto de poder, sus nombre y el del Intendente Ricardo Cifuentes quedaran en la historia de todo este proceso. Al pasar de las decadas la historia nos señalará que recordaremos con mayor relevancia, LAS CIFRAS MACROECONOMICAS SOBRE INVERSIÓN REGIONAL alejadas de la Economia Real de las familias en las que se sustenta EL GRAN ESTADO DE LA ECONOMIA Y DESARROLLO DE LA REGION ESTRELLA. O nuevamente volveremos a estar como hace 50 años con los mismos grados de pobreza y con un grado de contaminacion irreversible. ¿QUE PESARÁ MÁS?.


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Proyecto Hipógeno tiene luz verde tras no presentar procesos sancionatorios



Minera Carmen operaría en los primeros dos años extrayendo agua desde Pan de Azúcar para después recurrir a sus derechos en el río Elqui


Felipe Pardo Ortega
La Serena 21/
Diario El Día


La postura de la minera canadiense Teck, propietaria del 90% de Carmen de Andacollo, es clara: Sacar a como dé lugar el proyecto Hipógeno durante este 2009. Más allá que la iniciativa lleva años ultimando detalles, su puesta en marcha significará asegurar una vida útil de 20 temporadas, además de cuadruplicar la producción de 20 mil hasta 80 mil toneladas de cobre cada 365 días.

Pese a que el proyecto fue aprobado el 9 de abril de 2007 por la Corema, no ha estado exento de polémicas, toda vez que agricultores, vecinos e incluso la sanitaria Aguas del Valle, quienes poseen derechos de aprovechamiento hídrico en el acuífero El Culebrón de Pan de Azúcar, han dicho en todos los tonos que el cambio en los puntos de captación desde Quebrada de Talca hasta esa zona de Coquimbo, mermaría la calidad del recurso y sobreexplotaría su extracción al contemplar 340 litros por segundo adicionales a los 500 litros por segundo que actualmente se demanda.

Por esta razón, un grupo de empresarios del agro interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de sentar un precedente. En materia sectorial otro de los aspectos pendientes es la posibilidad de cambiar, otra vez, el punto de extracción hasta los derechos que la minera también posee en el río Elqui. Eso sí, ambas prerrogativas se encuentran en estudio, lo que en nada interferiría en el inicio del proyecto pactado para el segundo semestre de este año.

Esto, porque durante las primeras dos temporadas sería El Culebrón la fuente hídrica para seguir en paralelo con la construcción de las tuberías para movilizar el caudal, cuyo costo preliminar sería de US$20 millones. Estas obras adicionales a los US$336 millones que cuesta Hipógeno serán costeadas por Teck que, hace unas semanas, ya traspasó US$143 millones. Mientras tanto, la compañía está a la espera de los resultados del estudio de factibilidad para extraer agua desde Elqui Bajo, por lo que las decisiones están sujetas a lo que arroje esta investigación.

ASIENTEN PESE A FALTAS.

En la reunión informativa y de actualización de antecedentes concedida ayer en dependencias de la Dirección Regional de Conama a parlamentarios y autoridades de Coquimbo, y donde sólo asistió el concejal de la ciudad puerto, Miguel Ángel Cuadros, se hizo una revisión de los compromisos ambientales suscritos con la minera, quedando en evidencia que ciertos puntos aún están en la nebulosa.

El director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Marcelo Gamboa, precisó que varios compromisos no estarían al día. “Nos queda como tarea consultar a organismos ambientales para ver si se solicita un reporte más detallado”, sentenció.

Entre los “débitos” ambientales se cuenta dar continuidad y/o mejorar el instrumental de algún pozo de la red de monitoreo de aguas subterráneas y que posea registros históricos de referencia. Se agrega participar en las gestiones con miras a la organización de una comunidad de aguas subterráneas en torno al acuífero afectado, como un usuario más del sistema hidrogeológico y ser parte con su equipo técnico en apoyar un nuevo trazado de aducción de aguas para riego desde el río Elqui hasta el sector de Pan de Azúcar.

No obstante a estas falencias, hasta el momento ningún organismo técnico ha hecho una solicitud para iniciar procesos sancionatorios que pongan en riesgo los plazos estipulados por la compañía minera.

Con lo que han entregado y cumplido están en condiciones de partir, ya que no hay mayores reparos al respecto”, sostuvo Gamboa.

Durante el encuentro que se extendió por dos horas también se analizó la petición realizada por dos interesados para que se recalificara y dejara sin efecto lo que respecta a los puntos de captación del vital elemento. Eso sí, la respuesta fue la misma expresada en su oportunidad por el director regional (S) de Conama, Marcelo Zepeda, en cuanto a que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento no considera la recalificación sometida a la evaluación correspondiente.

El concejal Miguel Ángel Cuadros reiteró que el proceso de evaluación fue viciado, pues la participación ciudadana no involucró el cambio de punto de captación desde Quebrada de Talca hasta Pan de Azúcar.

LA POSICIÓN DE LA DGA.

El organismo técnico que ha salido en varias ocasiones a relucir en esta disputa ha sido la Dirección General de Aguas (DGA), que vela por que se cumplan las cuotas de extracción. A partir del estudio hidrogeológico realizado por la propia Carmen, en cuanto al impacto que tendría el incremento de obtención hídrica en Pan de Azúcar, quedó de manifiesto que la regulación debía ser más profunda, ya que dejaba en evidencia el daño.

El director regional de la DGA, Carlos Galleguillos, tiene claro que el fin último es afectar los derechos de terceros. “No se puede descuidar el posible daño que se pueda generar a terceros. Para velar por ello, la DGA tiene herramientas suficientes”.

Uno de los cuestionamientos que se le había hecho a la entidad gubernamental es que a pesar de tener observaciones, de igual manera recomendaron la propuesta. Ayer en la reunión con Conama, fue la instancia adecuada donde, según Galleguillos, se “separaron aguas”.

“Hay que separar los escenarios, pues el proyecto que se presentó y evaluó ambientalmente fue el de la planta de proceso de Andacollo, lo que es muy distinto al abastecimiento hídrico”, señaló el personero.

Añadió que el titular del proyecto planteó varias opciones de explotación donde poseen derechos, “por lo que al cambiar esos puntos es responsabilidad de la empresa que determina la rentabilidad de la operación”.

En relación a la posibilidad de validar el comienzo de las faenas, Galleguillos también deslindó la responsabilidad a Carmen de Andacollo.

Desde el punto de vista ambiental hay conformidad, restando sólo un trámite sectorial que son los cambios en los puntos de captación, que no están concluidos y por los que hoy no podrían iniciar obras, salvo que lo hagan con los derechos constituidos en Pan de Azúcar que están respaldados por la legalidad”, expresó.

LUCHA HASTA EL FINAL.

Han sido dos los empresarios que han reunido el sentir de la localidad agrícola de Pan de Azúcar en esta “cruzada” por defender su patrimonio hídrico: Carlos Erler y José Moreno. Fue precisamente el primero quien, a mediados de febrero, hizo pública su molestia con pronósticos apocalípticos.

No hay acciones, ¿esperamos que suceda el desastre? No corresponde. Los bombeos debieron empezar en febrero y lo harán recién a principios del segundo semestre”.

Agregó que “si no hay respuestas a nuestras cartas empezaremos a judicializar y nos movilizaremos para que nos escuchen
”.

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