by Carlos Salas Lind (Blog la Tercera)Jul. 20 , 2010
Todos sabemos que no es bien visto aparecer defendiendo a un régimen controvertido- y cargado de una retórica setentera - como el que encabeza Hugo Chávez.
Visto desde afuera, el proceso democrático chileno - a pesar de las grandes divisiones del pasado- ha tenido la capacidad de sostenerse y proyectarse como uno de los más sólidos del continente. En parte, porque el modelo económico chileno ha logrado la adhesión de las grandes corrientes políticas, generando estabilidad macroeconómica y confianza en los mercados internacionales. En materias de Derechos Humanos, hubo un quiebre con un periodo de nuestra historia marcado por la arbitrariedad y graves atropellos a la integridad y seguridad de las personas.
Esta transformación de la institucionalidad chilena es innegable y ha sido recibida con beneplácito por una comunidad internacional que - históricamente - ha abrigado pocas expectativas con esta parte del mundo.
Sin embargo, lo inconcluso no es un tema menor como para seguir ignorándolo. Entre otras falencias, la institucionalidad chilena no ha logrado zafarse de impedimentos y vicios que van en claro detrimento de un desarrollo social y político que nos acerque al primer mundo. A veinte años del retorno a un régimen de normalidad democrática, crecientes sectores ciudadanos se sienten imposibilitados de ejercer influencia en un sistema que en gran medida parece girar en torno a los intereses de una clase política reducida y muy privilegiada.
Atrás ha quedado el asombro de una generación de líderes políticos que veían en la adopción de un sistema electoral - como el binominal - la imposición de un elemento distorsionador y artificioso de la voluntad de la ciudadanía. El precario entusiasmo por modificar una fórmula de elección - que potencia el mantenimiento del mismo orden que limita la competencia - evidencia un conflicto de interés mayor, del cual muy pocos parlamentarios están dispuestos a hacerse cargo. Es decir, "los políticos con calculadora" - a los que tantas veces hizo mención el ex presidente Lagos - en absoluto se limita a describir la actitud de quienes nunca han tenido reparos en reconocer sus simpatías con el sistema.
En el ámbito de la gestión pública, tampoco hemos logrado librarnos de patrones de comportamiento mucho más cercano a los males que empantanan a los países menos desarrollados. En Chile, el mérito personal continúa siendo una variable supeditada a los contactos y cercanía con el poder. La clase política entiende que la ciudadanía exige un uso más eficiente de los recursos públicos, pero aún no asume que un slogan electoral ya ni siquiera puede continuar siendo una respuesta sostenible a mediano plazo.
Peor aún, la nefasta costumbre de un sector de la clase política de despilfarrar recursos que son escasos - asegurando a los más cercanos con medios que no son propios - sigue sobreviviendo a los golpes del desarrollo, posponiendo la implementación de una distribución de la riqueza más justa y efectiva.
En suma, seguimos teniendo un servicio público impermeable a los intereses de los gobernantes de turno, condición que debilita los prospectos de mejoramiento de una gestión que es clave para enfrentar apremiantes necesidades sociales.
Teniendo en cuenta éstas y otras deudas de nuestra institucionalidad, considero el incidente - entre un grupo de parlamentarios chilenos y el gobierno venezolano - como innecesario, contrario a nuestros intereses y falto de auto-crítica.
Los parlamentarios tienen todo el derecho a resguardar un posicionamiento electoral que - progresivamente - exige más creatividad y perseverancia. Pero un posicionamiento - logrado a partir del perfeccionamiento de nuestras propias falencias - genera mayor cohesión política y social, canalizándose en una adhesión ciudadana sostenible y dignificante para la actividad política.
