29 abr. 2011

El escandaloso acuerdo que libró al alcalde de Colina de juicio por coimas


Fiscalía aceptó que pagara $56 millones

La Fiscalía de Colina llegó a un acuerdo con el alcalde UDI Mario Olavarría, su ex jefe de gabinete, el vicepresidente de Tottus y un agente inmobiliario, para evitar un juicio por cohecho y soborno, a cambio de reintegrar al municipio más de $100 millones que se pagaron en coimas para autorizar la instalación de un supermercado. El CDE se opuso al acuerdo y argumentó que Olavarría ya devolvió los $56 millones que le corresponden, pero por una resolución de la Contraloría que nada tiene que ver con esta causa. El organismo recurrirá a la Corte de Apelaciones para intentar revertir el acuerdo.

Santiago
FUENTE CIPER CHILE
Por : Cristóbal Peña
Publicado: 28.04.2011


El alcalde Mario Olavarría Rodríguez y sus abogados y colaboradores de la Municipalidad de Colina estaban felices a la salida del juzgado. Reían y comentaban animadamente los pormenores de la audiencia en que este jueves el edil consiguió que los cargos de cohecho y soborno que se le imputaban y por los cuales estaba formalizado le fueran levantados a cambio del pago de poco más de 56 millones y la firma mensual por un año.

Olavarría obtuvo la suspensión condicional de la causa que se le seguía por cobrar una coima de más de cien millones a cambio de autorizar la instalación de un supermercado Tottus que se construyó en terrenos municipales. La misma suerte corrieron su ex jefe de gabinete, Domingo Soto López; el vicepresidente ejecutivo de Tottus Francisco Leyton Francione; y el agente inmobiliario Nabil Mansour Lelesdakis.

Los tres estaban involucrados en pagos al alcalde que ascendían a 6 mil UF. Los tres también salieron sonrientes del juzgado: consiguieron librar de la justicia comprometiéndose al pago conjunto de 60 millones. Exactamente la otra mitad de los montos involucrados en el ilícito.

En buenas cuentas, los dineros defraudados fueron devueltos por las personas a quienes se les imputaba el ilícito. Sin embargo, pese a los antecedentes que pesaban en su contra, esas personas resultaron absueltas de todo culpa, sin haber siquiera admitido responsabilidad en el hecho.

En esta controvertida resolución, a la que se opuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se consignó el delito pero no sus autores.

La suspensión de la causa fue el resultado de un acuerdo entre los representantes de los imputados y el fiscal de Colina Mauricio Vergara. Éste justificó el acuerdo en el hecho de que los imputados exponían bajas penas, lo que justificaría la resolución aceptada por el Juzgado de Garantía de Colina.

Si bien la investigación que dirigió desde 2008 el fiscal Pablo Ortiz reunió contundentes evidencias en contra del alcalde, su jefe de gabinete y los dos empresarios, no fue hasta abril de 2010 que ocurrieron las formalizaciones. No por parte del fiscal Ortiz, sino de su colega Alicia Ascencio, que tomó el caso una vez que el otro dejó la fiscalía.

Entre otros antecedentes, la fiscal Ascencio consideró los millonarios depósitos realizados por Mansour, agente inmobiliario de Tottus, al jefe de gabinete del alcalde, el también militante UDI Domingo Soto. Éste, a su vez, transfirió a Olavarría, entre septiembre de 2005 y mediados de 2008, depósitos por cerca de 130 millones.

En su declaración a fiscalía, el alcalde adjudicó dichos depósitos a un apuro económico que habría sufrido producto de su separación matrimonial. De acuerdo con ese supuesto, su subalterno le habría prestado millones.

La fiscal Ascencio formalizó a los sospechosos del fraude con los mismos antecedentes que tenía hace meses el fiscal Ortiz. Bajo la conducción de la fiscal las cosas parecían muy complicadas para el alcalde Olavarría. Más aún considerando que en otra causa paralela por irregularidades en permisos de circulación, habían sido formalizados Débora Sepúlveda y Carlos García, administradora y secretario municipal, respectivamente. Segunda y tercero en la jerarquía del municipio. En esa investigación se descubrieron millonarios depósitos entre el ex jefe de gabinete del alcalde y su administradora municipal. Depósitos que fueron justificados como préstamos y pagos de servicios personales. Y al igual que en el caso del Tottus, recientemente la Fiscalía de Colina llegó a un acuerdo con los imputados, quienes reintegraron parte de los montos involucrados a cambio de evitar un juicio.

No son los únicos cuestionamientos que han pesado sobre el ex jefe de gabinete del alcalde Olvarría. Una investigación de Ciper dio cuenta de otros negocios con la alcaldía que favorecían a Soto López.

El caso del Tottus era el único que comprometía judicialmente al alcalde. Sin embargo, debido a que la fiscal Ascencio salió con permiso prenatal, en los últimos meses la causa fue asumida por Mauricio Vergara. El mismo fiscal de Colina que llegó al acuerdo con los abogados defensores y que el jueves, ante un juez de Garantía, lo defendió ante la oposición de la abogada Alma Sánchez, representante del CDE.

La abogada Sánchez no sólo se opuso al acuerdo sino a los términos del mismo. En la audiencia argumentó que los 56 millones que corresponden a Olavarría en realidad ya fueron devueltos por el alcalde, pero no por la coima para la instalación del Tottus, sino porque una resolución de la Contraloría lo obligó a reintegrar dicha suma debido a inconsistencias en su sueldo.

“Ese monto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en esta causa, es un monto indebido que ya está pagado (por Olavarría) según ordenó la Contraloría”, argumentó en la audiencia la abogada del CDE Alma Sánchez. Según trascendió más tarde, ayer mismo el comité penal del CDE resolvió recurrir a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la suspensión condicional de la causa.

Además, al cuestionar la naturaleza del acuerdo al que llegó el Ministerio Público, la representante del CDE recordó que fue Ximena Chong, la jefa de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, de la cual depende la fiscalía de Colina, quien en una reciente entrevista con el diario La Tercera dijo que los acuerdos conciliatorios donde hay involucrados delitos de corrupción “deben llevar algún tipo de sacrificio por parte de las personas que acceden a la salida alternativa para que, desde esa perspectiva, inhiban comportamientos futuros”.

Luego el fiscal Vergara defendió la validez del acuerdo, señalando que los 56 millones devueltos por Olavarría se corresponden con el monto defraudado.

El acuerdo ya estaba cocinado días atrás. A su turno, los representantes de los imputados refrendaron las condiciones en líneas generales. Matías Balmaceda, el abogado del alcalde Olavarría, rebatió los argumentos de la parte querellante y dejó en claro que si bien se devolvieron dineros, “aquí no hay aceptación de nada, acá no hay ninguna sanción”.

Entonces se acordaron las formas de pago. Y vinieron los abrazos, suspiros y sonrisas.

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