Esta es la primera entrega de una serie de extractos de notas sobre el conflicto medioambiental de nuestra comuna de Andacollo, para que podamos evaluar con todos los antecedentes, quienes son los responsables politicos históricos y quienes hoy intentan erigirse como héroes políticos.
Extracto del Reportaje de Patricia Bravo para la Revista Punto Final.
Andacollo
En 1997 hubo una primera emergencia. En dos ocasiones, a causa de intensas lluvias, se produjeron filtraciones de ácido sulfúrico hacia la quebrada en la que se ubica el pueblo y se contaminaron los pozos de donde la gente obtiene el agua para beber y regar sus huertos. Un análisis del Departamento de Sanidad del Hospital de Andacollo concluyó que el agua no estaba apta para el consumo humano.
Andacollo
En 1997 hubo una primera emergencia. En dos ocasiones, a causa de intensas lluvias, se produjeron filtraciones de ácido sulfúrico hacia la quebrada en la que se ubica el pueblo y se contaminaron los pozos de donde la gente obtiene el agua para beber y regar sus huertos. Un análisis del Departamento de Sanidad del Hospital de Andacollo concluyó que el agua no estaba apta para el consumo humano.
El Servicio de Salud de Coquimbo le aplicó multas a la empresa, pero nada de esto se comunicó a la comunidad. Las autoridades municipales, provinciales y regionales adoptaron una actitud de indiferencia que se ha mantenido hasta la actualidad.
En febrero de 1998, el SAG tomó muestras de hojas y frutos de los huertos, evidentemente deteriorados. Ocho meses después se entregaron resultados parciales: "se detectó gran existencia de sulfatos; no se puede caracterizar ni cuantificar el resto de las sales por problemas de operación del laboratorio de toxicología ambiental", señalaba el único informe recibido hasta ahora en la junta vecinal. En 1999, la Conama inició un monitoreo de un año de la calidad del aire, pero nunca se difundieron los resultados.
Todo esto impulsó a los pobladores a hacer uso de una instancia creada por el Acuerdo Ambiental con Canadá -parte del tratado de libre comercio con ese país- en un nuevo intento por lograr que el Estado chileno cumpla sus propias leyes. Sin embargo, este camino sólo ha servido para dejar al descubierto la inoperancia de ese mecanismo, idéntico al que se aplicó en el Nafta y al que sin dudas se incorporará al tratado de libre comercio que el gobierno de la Concertación está empeñado en firmar con Estados Unidos. La experiencia de los pobladores de Chepiquilla demuestra que en el mundo globalizado no hay espacio para los más elementales derechos del ser humano.
No han faltado las maniobras de la minera Carmen para dividir al pueblo. Ha ofrecido trabajo en la empresa a las personas más activas, o a algún familiar, como una forma de neutralizarlas.
En otros planos, el pueblo muestra avances. Un programa de Chile Barrio, Conama y el Observatorio de Conflictos Ambientales (Olca) permitió que 25 hogares dispongan de hornos solares -construidos por las mujeres-, donde cocinan a diario y ahorran gas. Además, está en pleno desarrollo un plan de Chile Barrio para construcción de viviendas progresivas y mejoramiento de las actuales. Sin embargo, quedan marginados de ese beneficio quienes no cuentan con títulos de dominio. A pesar que hace unos meses se entregaron 36 títulos de dominio, quedaron pendientes otros 16 -a pesar de estar listos para la firma-, lo que perjudicó a varios dirigentes.
En febrero de 1998, el SAG tomó muestras de hojas y frutos de los huertos, evidentemente deteriorados. Ocho meses después se entregaron resultados parciales: "se detectó gran existencia de sulfatos; no se puede caracterizar ni cuantificar el resto de las sales por problemas de operación del laboratorio de toxicología ambiental", señalaba el único informe recibido hasta ahora en la junta vecinal. En 1999, la Conama inició un monitoreo de un año de la calidad del aire, pero nunca se difundieron los resultados.
Todo esto impulsó a los pobladores a hacer uso de una instancia creada por el Acuerdo Ambiental con Canadá -parte del tratado de libre comercio con ese país- en un nuevo intento por lograr que el Estado chileno cumpla sus propias leyes. Sin embargo, este camino sólo ha servido para dejar al descubierto la inoperancia de ese mecanismo, idéntico al que se aplicó en el Nafta y al que sin dudas se incorporará al tratado de libre comercio que el gobierno de la Concertación está empeñado en firmar con Estados Unidos. La experiencia de los pobladores de Chepiquilla demuestra que en el mundo globalizado no hay espacio para los más elementales derechos del ser humano.
No han faltado las maniobras de la minera Carmen para dividir al pueblo. Ha ofrecido trabajo en la empresa a las personas más activas, o a algún familiar, como una forma de neutralizarlas.
En otros planos, el pueblo muestra avances. Un programa de Chile Barrio, Conama y el Observatorio de Conflictos Ambientales (Olca) permitió que 25 hogares dispongan de hornos solares -construidos por las mujeres-, donde cocinan a diario y ahorran gas. Además, está en pleno desarrollo un plan de Chile Barrio para construcción de viviendas progresivas y mejoramiento de las actuales. Sin embargo, quedan marginados de ese beneficio quienes no cuentan con títulos de dominio. A pesar que hace unos meses se entregaron 36 títulos de dominio, quedaron pendientes otros 16 -a pesar de estar listos para la firma-, lo que perjudicó a varios dirigentes.
"El Seremi de Vivienda nos dijo que no quería quedar con el peso en su conciencia de dar títulos de dominio en un lugar donde la gente se está enfermando a causa de la contaminación. Dijo que por qué no nos íbamos. ¿Y por qué nos vamos a ir? Nosotros estábamos aquí desde antes, y la empresa llegó a contaminar. Para nosotros, es una trampa, una forma de presionarnos. Por eso mucha gente tiene temor de defender sus derechos", acusa Marcia Araya.
El proyecto obtuvo la aprobación de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema)-IV Región el 13 de julio de 1995, luego de presentar voluntariamente un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, si bien ya se había aprobado la Ley de Bases del Medio Ambiente (Nº 19.300), aún no existía el reglamento que ponía en vigencia el sistema de evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, el primer reparo a la legalidad de la autorización es que desde el punto de vista ambiental hubo una decisión arbitraria y que la Corema actuó haciendo uso de atribuciones que en ese momento no tenía. Una segunda objeción es que este procedimiento irregular no contempló ni un atisbo de participación ciudadana.
A los habitantes de Chepiquilla simplemente se les informó del proyecto cuando ya era un hecho y, más aún, se les dijo que las pilas de lixiviación se instalarían en otro lugar. "En una reunión con las autoridades y representantes de la empresa nos dijeron que las 'pilas' iban a estar a 3 kilómetros de Chepiquilla. Eso nos dejó tranquilos, porque aunque sabíamos que habría contaminación, la distancia era considerable. Pero los 3 kilómetros 'se redondearon' en 140 metros de las casas más cercanas", dice irónicamente Roberto Vicentello.
Un tercer argumento que despeja toda duda respecto de la ilegalidad con que se actuó es que la alcaldesa de Andacollo, Marcelina Cortés, autorizó la instalación de la Mina Carmen contraviniendo el plano regulador de la comuna. En efecto, una parte de las pilas de lixiviación, que ocupan un área de 520 mil metros cuadrados, están dentro del límite urbano, en una zona donde el uso del suelo está destinado a vivienda, y equipamiento comunal y vecinal, y no a actividades industriales mineras.
A raíz de una denuncia de la junta de vecinos, la Contraloría Regional de Coquimbo reconoció, en un pronunciamiento del 9 de marzo de 1999, que se estaba cometiendo una ilegalidad de acuerdo con el plano regulador comunal e instó a la municipalidad a regularizar la situación. Pero en vez de pedir a la minera que trasladara sus pilas a otro lugar, la alcaldesa Marcelina Cortés y el intendente de la época, Renán Fuentealba, intercedieron para reacomodar el plano regulador según un estudio financiado por la propia empresa.
De acuerdo con ese arreglo "a lo amigo", el consejo regional aprobó una modificación del plano regulador de Andacollo el 7 de abril de ese año (1999). Indignados, los pobladores se movilizaron a la Intendencia, en La Serena, y denunciaron esta nueva irregularidad ante la Contraloría General de la República, "donde ellos no tenían compadres", comenta Roberto Vicentello. El reclamo fue acogido: la Contraloría rechazó la modificación señalando que cualquier cambio del plano regulador debía ser sometido a una evaluación de impacto ambiental. De vuelta a la situación original, la ilegalidad en que está la minera, en complicidad con el municipio y las autoridades regionales, se mantiene.
El trabajo preparativo de la petición de Chepiquilla, la elaboración de la presentación y el seguimiento a cargo de un equipo encabezado por la abogada Yénive Cavieres Sepúlveda ha significado hasta ahora un costo aproximado de cuatro millones de pesos. Es decir, ninguna comunidad afectada por un conflicto ambiental, generalmente de bajos recursos, podría afrontar ese gasto, como tampoco la complejidad que demanda hacer uso de este procedimiento. Además, como sólo hay plazos para algunas etapas del proceso, éste puede demorar dos, tres o más años. ¿Y para qué?
15 de noviembre del 2000 (OLCA)
NUEVO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE CUBILLOS
El proyecto obtuvo la aprobación de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema)-IV Región el 13 de julio de 1995, luego de presentar voluntariamente un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, si bien ya se había aprobado la Ley de Bases del Medio Ambiente (Nº 19.300), aún no existía el reglamento que ponía en vigencia el sistema de evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, el primer reparo a la legalidad de la autorización es que desde el punto de vista ambiental hubo una decisión arbitraria y que la Corema actuó haciendo uso de atribuciones que en ese momento no tenía. Una segunda objeción es que este procedimiento irregular no contempló ni un atisbo de participación ciudadana.
A los habitantes de Chepiquilla simplemente se les informó del proyecto cuando ya era un hecho y, más aún, se les dijo que las pilas de lixiviación se instalarían en otro lugar. "En una reunión con las autoridades y representantes de la empresa nos dijeron que las 'pilas' iban a estar a 3 kilómetros de Chepiquilla. Eso nos dejó tranquilos, porque aunque sabíamos que habría contaminación, la distancia era considerable. Pero los 3 kilómetros 'se redondearon' en 140 metros de las casas más cercanas", dice irónicamente Roberto Vicentello.
Un tercer argumento que despeja toda duda respecto de la ilegalidad con que se actuó es que la alcaldesa de Andacollo, Marcelina Cortés, autorizó la instalación de la Mina Carmen contraviniendo el plano regulador de la comuna. En efecto, una parte de las pilas de lixiviación, que ocupan un área de 520 mil metros cuadrados, están dentro del límite urbano, en una zona donde el uso del suelo está destinado a vivienda, y equipamiento comunal y vecinal, y no a actividades industriales mineras.
A raíz de una denuncia de la junta de vecinos, la Contraloría Regional de Coquimbo reconoció, en un pronunciamiento del 9 de marzo de 1999, que se estaba cometiendo una ilegalidad de acuerdo con el plano regulador comunal e instó a la municipalidad a regularizar la situación. Pero en vez de pedir a la minera que trasladara sus pilas a otro lugar, la alcaldesa Marcelina Cortés y el intendente de la época, Renán Fuentealba, intercedieron para reacomodar el plano regulador según un estudio financiado por la propia empresa.
De acuerdo con ese arreglo "a lo amigo", el consejo regional aprobó una modificación del plano regulador de Andacollo el 7 de abril de ese año (1999). Indignados, los pobladores se movilizaron a la Intendencia, en La Serena, y denunciaron esta nueva irregularidad ante la Contraloría General de la República, "donde ellos no tenían compadres", comenta Roberto Vicentello. El reclamo fue acogido: la Contraloría rechazó la modificación señalando que cualquier cambio del plano regulador debía ser sometido a una evaluación de impacto ambiental. De vuelta a la situación original, la ilegalidad en que está la minera, en complicidad con el municipio y las autoridades regionales, se mantiene.
El trabajo preparativo de la petición de Chepiquilla, la elaboración de la presentación y el seguimiento a cargo de un equipo encabezado por la abogada Yénive Cavieres Sepúlveda ha significado hasta ahora un costo aproximado de cuatro millones de pesos. Es decir, ninguna comunidad afectada por un conflicto ambiental, generalmente de bajos recursos, podría afrontar ese gasto, como tampoco la complejidad que demanda hacer uso de este procedimiento. Además, como sólo hay plazos para algunas etapas del proceso, éste puede demorar dos, tres o más años. ¿Y para qué?
15 de noviembre del 2000 (OLCA)
NUEVO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE CUBILLOS
Tras meses de atraso en la toma de exámenes de salud propuestos por la propia autoridad, varios meses de postergación en entrega de estos informes y 2 reuniones suspendidas para explicar resultados a vecinos afectados por contaminación minera, Director de Servicio de Salud - Coquimbo, Alejandro Cubillos, cancela unilateralmente tercera reunión.
Comunidad de Chepiquilla y Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) pedirán a Ministra de Salud, Michelle Bachelet, que tome cartas en el asunto.
"Denunciamos incumplimiento de compromisos, falta de respeto y descriterio por parte del Director del Servicio de Salud Coquimbo, Alejandro Cubillos. Asimismo, exigimos que Ministra de Salud, Michelle Bachelet, tome cartas en el asunto".
De esta manera los habitantes de Chepiquilla - Andacollo y OLCA reaccionaron al nuevo agravio del Dr. Cubillos quien hace varios meses fijó la reunión que se realizaría ayer martes 14 de noviembre -2000-, en la sede de la Junta de Vecinos de Chepiquilla - Andacollo y donde explicaría a la comunidad los resultados de los exámenes de salud realizados a poco menos de un centenar de personas que viven a 200 metros de pilas de lixiviación regadas con ácido sulfúrico, de propiedad de la Minera Carmen de Andacollo.
A las 10 de la mañana del día antes indicado, cuando una treintena de personas (muchos de ellos trabajadores que debieron suspender sus labores) esperaban expectantes su llegada y asesores de OLCA habían arribado a la zona desde Santiago, un recado del señor Cubillos suspendió abruptamente la reunión: no podía asistir porque tenía una teleconferencia con la Ministra de Salud.
Queremos hacer hincapié y denunciar que el señor Cubillos no sólo desestimó la reunión al no enviar -al menos- a un asesor, sino que volvió a faltar el respeto a la Comunidad avisando sin anticipación alguna de su cambio de agenda. Es más, el viernes 10 de noviembre confirmó personalmente -en la IV Región- al Coordinador de OLCA su participación en la reunión que se realizaría 4 días después.
Junto con expresar nuestra nueva decepción con el Sr. Cubillos y reiterar que su actitud niega absolutamente el perfil de "servidor público" que debiera caracterizar su labor, manifestamos nuestra preocupación porque hechos como este vuelven a mermar nuestra confianza en la solución de un problema que ya se extiende por más de 4 años y donde las autoridades han manifestado una permanente desidia.
FIRMA
Por lo anterior, la comunidad de Chepiquilla representada por su Junta de Vecinos, y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, demanda una urgente y rigurosa fiscalización de parte de servicios públicos como el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero SAG y la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA.
La comunidad de Chepiquilla, hace partícipe su preocupación a la autoridad, exigiendo la pronta entrega de resultados concretos a un problema ambiental que se arrastra de años y que afecta a sus familias y su entorno. Los habitantes de esta localidad denuncian el reiterado incumplimiento de la empresa y exigen además la aceleración de los estudios que realiza el Servicio de Salud a la población y a los niños en particular.
Junta de Vecinos Nº12 Observatorio Latinoamericano
Chepiquilla - Andacollo de Conflictos Ambientales (OLCA)
Chepiquilla - Andacollo de Conflictos Ambientales (OLCA)
ANDACOLLO, 22 de marzo de 2004
Minera Carmen de Andacollo infringe nuevamente la ley
De acuerdo a las recientes denuncias de la comunidad, la citada empresa minera vulneró nuevamente la normativa que prohíbe el uso de aspersores mientras no existan las condiciones de viento necesarias capaces de dispersar las partículas contaminantes, las cuales sin este proceso se propagan en dirección a Chepiquilla.
Minera Carmen de Andacollo infringe nuevamente la ley
De acuerdo a las recientes denuncias de la comunidad, la citada empresa minera vulneró nuevamente la normativa que prohíbe el uso de aspersores mientras no existan las condiciones de viento necesarias capaces de dispersar las partículas contaminantes, las cuales sin este proceso se propagan en dirección a Chepiquilla.
Una situación que volvió a repetirse el pasado 17 de marzo pese al informe entregado por el Servicio de Salud de Coquimbo luego de comprobar en terreno que las mallas que colindan con las pilas de lixiviación se encontraban saturadas de sulfato, infringiendo de esta forma la resolución Nº 3399 de dicho servicio público. De acuerdo a lo señalado en este informe, la empresa infractora trabajó durante ese fin de semana con camiones de alto tonelaje sin regadío de los caminos interiores.
Por lo anterior, la comunidad de Chepiquilla representada por su Junta de Vecinos, y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, demanda una urgente y rigurosa fiscalización de parte de servicios públicos como el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero SAG y la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA.
La comunidad de Chepiquilla, hace partícipe su preocupación a la autoridad, exigiendo la pronta entrega de resultados concretos a un problema ambiental que se arrastra de años y que afecta a sus familias y su entorno. Los habitantes de esta localidad denuncian el reiterado incumplimiento de la empresa y exigen además la aceleración de los estudios que realiza el Servicio de Salud a la población y a los niños en particular.
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