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Dentro de la denuncia, se señala que el informe de la Contraloría evidencia que se cancelaron prestaciones al doctor Zaffiri, de los meses de enero a noviembre del 2007, sin que exista informe alguno sobre las labores desarrolladas.
Además, que existe constancia que el Dr. Zaffiri no efectuó supervisiones para verificar normas técnicas exigidas por el Servicio de Salud, tampoco turnos SAPU, ni extensión horaria, salvo en el consultorio Santa Cecilia, donde su directora señala que efectuó entre tres a cuatro supervisiones. Lo que contrasta con los certificados emitidos por el jefe de Salud sobre el cumplimiento de sus funciones para la cancelación de los horarios. El total cancelado al doctor Zaffiri fue por $15.759.260.
Por otra parte, el informe de la Contraloría señala que la doctora Anita Bonell, Seremi de Salud de Coquimbo, mantuvo vigentes dos contratos a honorarios financiados con presupuesto municipal, uno para prestar servicios médicos en los SAPU y extensión horaria de la comuna, entre enero y diciembre de 2007, por un total de $17.176.310.
Al respecto, Carlos Reyes indicó que «es una denuncia de los hechos que emanan del informe de Contraloría, no hay nada distinto, ningún hecho señalado en la denuncia que no sea lo acotado por Contraloría en su informe». Además, dijo que «estos hechos pueden derivar en acciones penales».
También, el denunciante hizo un llamado a la conciencia social donde comentó que este hecho «no tiene que ver con temas políticos, al contrario, tiene que ver con cuidar el patrimonio cultural y con cuidar nuestro Coquimbo y la región». Asimismo, agregó que «si se pierden diez millones, hay familias que no están recibiendo buena atención de salud, gente que no está recibiendo buen mobiliario en los colegios».
Por último, dijo que «es deber de cada ciudadano, de cada coquimbano, denunciar conocimientos de hechos que revisten carácter de delito».
